España se asoma a un abismo cívico. Un informe demoledor de 2026 revela una escalada sin precedentes en la criminalización de la protesta, silenciando voces esenciales.
El '2025 Diagnóstico del Derecho a la Protesta: Vulneraciones de Derechos en el Estado Español', publicado en marzo de 2026 por un consorcio de organizaciones liderado por el Instituto Novact de Noviolencia, no es solo un documento; es un grito de alarma. Sus hallazgos son contundentes: el año 2025 marcó una intensificación y sistematización alarmante de la represión contra el derecho fundamental a la protesta. Los datos son irrefutables: un aumento del 66.7% en casos represivos respecto a 2024, y más del doble que en 2023, pintan un panorama de retroceso democrático que exige una reflexión urgente. Esta ofensiva opera a través de una doble vía que se refuerza mutuamente, tejiendo una red cada vez más tupida en torno a la sociedad civil.
Por un lado, la vía penal se ha convertido en una herramienta de desgaste y criminalización. Investigaciones exhaustivas, imputaciones arbitrarias, medidas cautelares desproporcionadas y procesos judiciales prolongados no solo buscan condenas, sino que siembran incertidumbre y miedo, agotando los recursos y la voluntad de quienes alzan la voz. Paralelamente, la vía administrativa ha mutado en una 'burorrepresión' expansiva y normalizada. Propuestas de sanción, multas onerosas, identificaciones sistemáticas, controles exhaustivos y restricciones de espacios públicos se utilizan para disuadir y hacer 'pagable' el ejercicio de la protesta. Este enfoque dual consolida un paisaje de reducción drástica del espacio cívico, generando un palpable 'efecto desaliento' que desmoviliza y paraliza a través de la amenaza constante, transformando la disidencia en un lujo inasequible.
La Década de la Mordaza y sus Ecos Perversos
Esta escalada represiva no es un fenómeno aislado; coincide con el décimo aniversario de la controvertida 'Ley Mordaza' (Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana). Una normativa que, según los expertos, nunca debió ver la luz y cuyas sanciones no solo persisten, sino que se endurecen, consolidando un marco legal que facilita la arbitrariedad. El informe denuncia, además, una preocupante disparidad en la aplicación de la ley: mientras se observa un trato policial preferencial hacia grupos de extrema derecha, la acción contra quienes se manifiestan en defensa de derechos fundamentales o en contra de políticas regresivas se endurece de forma desproporcionada. Esta doble vara de medir no solo socava la equidad, sino que legitima la violencia política de unos y criminaliza la expresión pacífica de otros.
El Telón de Fondo Global: Vigilancia, Desinformación y la Opacidad Institucional
El contexto en el que se inscribe esta intensificación represiva es global y ominoso. El informe sitúa el diagnóstico español dentro de un giro acelerado del orden político y social, marcado por el ascenso de la extrema derecha, la militarización y policialización creciente del espacio cívico, y el uso cada vez más sofisticado de tecnologías de control y vigilancia en la esfera pública y privada. En la era de la desinformación y la manipulación propagandística, la fragilidad de la información verificable añade una capa de complejidad a la defensa de los derechos humanos, dificultando la articulación de una respuesta efectiva. Ante esta realidad, el documento de 'Defender a quien Defiende' no solo advierte sobre un problema global con impacto directo en España, sino que subraya una deficiencia crítica: la ausencia de un registro público completo y accesible de los casos de represión. Esta opacidad institucional no solo dificulta la rendición de cuentas, sino que perpetúa un ciclo de impunidad, dejando a la ciudadanía desprotegida y al Estado sin el escrutinio democrático que merece.