El Consejo de Ministros ha dado luz verde a dos nuevos reales decretos en materia de vivienda, que buscan impactar significativamente en el mercado del alquiler y la protección habitacional. Entre las medidas más destacadas, se incluye la prórroga de la protección frente a los desahucios para personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030. Asimismo, se establece una regulación para el alquiler de temporada y de habitaciones, y se prohíbe la compra de viviendas por parte de los denominados 'fondos buitre' hasta el año 2028, según informa Idealista.
Estos decretos también contemplan la prórroga automática de los contratos de arrendamiento en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028, una medida que, según estimaciones de los ministros de Sumar, podría beneficiar a cerca de cinco millones de inquilinos. Además, se mantiene el tope del 2% a la subida de las rentas de los arrendamientos y se aplica un IVA del 10% al negocio de los pisos turísticos. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha subrayado la "relevancia social" de este acuerdo, al considerar la vivienda como el "principal problema de los españoles".
La aprobación de estas normativas se produce en un contexto de debate social y tras un intento fallido en abril de este mismo año, cuando un decreto similar no fue convalidado en el Congreso. Por ello, el Gobierno ha solicitado un pleno extraordinario para este viernes, 2 de octubre, con el objetivo de lograr la convalidación inmediata de ambos textos. El primer Real Decreto-ley, en particular, detalla la suspensión de desahucios y la restricción de operaciones de compraventa de viviendas por entidades que adquieran inmuebles a precios muy inferiores a los tasados, buscando evitar la especulación y reorientar la fiscalidad de las SOCIMIs hacia la vivienda asequible.