La invasión de Ucrania ha revelado la debilidad estructural de la UE para actuar como un poder geopolítico cohesionado debido al requisito de unanimidad, a pesar del fuerte apoyo ciudadano a una mayor integración.
La invasión a gran escala de Ucrania por Rusia en febrero de 2022, la culminación de un conflicto latente desde 2014, no solo ha redefinido la seguridad europea, sino que ha expuesto con brutal crudeza las fisuras estructurales de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) de la Unión Europea. A pesar de la magnitud de la agresión y la urgencia de una respuesta unificada, el laberinto de la toma de decisiones, anclado en el principio de unanimidad, ha puesto en tela de juicio la capacidad real de Bruselas para erigirse como un actor geopolítico cohesionado y determinante en el escenario global.
La reacción inicial de la UE, descrita como de "celeridad y consistencia", ha sido más un reflejo de una "cohesión natural" entre sus Estados miembros que el resultado de una aplicación efectiva de los mecanismos de mayoría cualificada (MC) previstos en el Artículo 31.2 del Tratado de la Unión Europea (TUE). De hecho, los intentos de flexibilizar este sistema han tropezado con la inercia: una propuesta para adoptar sanciones económicas y financieras por MC fue desestimada por su técnica jurídica, y una iniciativa de la Comisión para acciones específicas (Art. 22.1 TUE) ni siquiera obtuvo respuesta del Consejo. Esta reticencia a abandonar la unanimidad, incluso ante la mayor crisis de seguridad en décadas, subraya una profunda división interna sobre cómo la Unión debe proyectar su poder.
La urgencia impuesta por la agresión rusa ha transformado radicalmente la política de ampliación de la UE. De una "fatiga de ampliación", la Unión ha pivotado hacia una "ampliación geopolítica" en 2022, donde la posible membresía de Ucrania se concibe ahora como una "inversión en seguridad" fundamental para la arquitectura europea. Sin embargo, esta nueva lógica choca frontalmente con el tradicional proceso basado en méritos, generando un intenso debate sobre cómo conciliar ambos enfoques. La propuesta de la Comisión Europea de una "ampliación inversa" o "integración gradual" para Ucrania, rechazada por algunas capitales, es un claro síntoma de la complejidad de reformar la Unión para acomodar nuevos miembros sin comprometer su capacidad de acción.
Los desafíos de la unanimidad no son meras disquisiciones teóricas, sino realidades palpables que socavan la credibilidad de la Unión. El 31 de marzo de 2026, la negativa de Hungría a unirse al resto de los Estados miembros en la persecución de crímenes de guerra en Ucrania fue una cruda demostración de cómo un solo país puede fracturar el consenso en asuntos de alta sensibilidad. Este incidente se suma al bloqueo inicial de Viktor Orbán a un paquete de financiación de 90.000 millones de euros para Ucrania, que, aunque finalmente superado, evidenció la fragilidad de la toma de decisiones en PESC. Paradójicamente, mientras la política se estanca, el Eurobarómetro de otoño de 2025 y una edición especial de febrero de 2026 revelan un apoyo ciudadano abrumador, cercano al 80%, a que la UE asuma más competencias en política exterior, seguridad y defensa.
En este contexto, la visión de una "Comisión geopolítica" bajo Úrsula von der Leyen y la búsqueda de una "autonomía estratégica abierta" por parte de líderes como Emmanuel Macron, se ven constantemente desafiadas por la propia estructura de la UE. La ampliación, si bien es una respuesta estratégica a la amenaza rusa, añade más actores con potencial poder de veto, lo que podría ralentizar aún más las decisiones en política exterior y de seguridad. La guerra en Ucrania no solo ha puesto a prueba la resiliencia de la UE, sino que ha catalizado una reflexión crítica sobre la necesidad imperiosa de reformas internas profundas para que la Unión pueda cumplir con sus ambiciones geopolíticas y defender sus intereses en un mundo cada vez más volátil.
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