Política

El Estado de Derecho enfrenta una crisis global, marcada por la baja calidad legislativa en Europa y el aumento de 'autogolpes' a nivel mundial. En este contexto, la Unión Europea se posiciona como un líder en la regulación tecnológica a través de normativas como el GDPR y la AI Act, promoviendo un 'constitucionalismo digital' para proteger los derechos fundamentales en la nueva era.

España prepara una profunda reforma de su política migratoria para 2026, centrada en atraer talento global mediante la flexibilización de permisos de estudio y trabajo, y en una regularización extraordinaria que podría beneficiar a 500.000 migrantes. Esta estrategia se desarrolla en un contexto de descenso de las llegadas irregulares, buscando un marco legal más eficiente y una mayor integración.

El sistema judicial español se encuentra en una encrucijada, con importantes reformas en 2024-2025, como la renovación del CGPJ y la despolitización del Ministerio Fiscal. Sin embargo, informes internacionales y controversias como la investigación al Fiscal General del Estado y la Ley de Amnistía, plantean serias dudas sobre su independencia y la persistente percepción de politización, a pesar de los esfuerzos de modernización.

España se prepara para una transformación migratoria en 2026 con una reforma legal que modernizará los permisos de estudio y trabajo, y flexibilizará la reagrupación familiar. Paralelamente, el Gobierno, con confirmación del BOE, avanza hacia una regularización extraordinaria que podría beneficiar a medio millón de personas, señalando una política migratoria más integral y adaptada a los desafíos actuales.

El artículo analiza la creciente tensión que enfrenta el Estado de Derecho en España, reflejo de una tendencia global. Detalla la preocupación de la Comisión Europea y la Civil Liberties Union por la politización judicial, ejemplificada por la 'condena del fiscal general'. Explora cómo leyes como la de Secretos Oficiales afectan la tutela judicial efectiva en el CNI, y denuncia la intensificación de la represión de la protesta, con un aumento del 66.7% en casos en 2025 y la persistencia de la 'Ley Mordaza'. Concluye que la vigilancia activa es crucial para preservar la democracia ante estas vulnerabilidades.