España, nación que en su día fue faro de una modélica transición democrática, se encuentra hoy en el epicentro de una inquietante erosión del Estado de Derecho, una tendencia que, lejos de ser un fenómeno aislado, resuena con las alarmas que se activan en el concierto global. Desde 2024 y con proyecciones hasta 2026, el país ibérico ha sido objeto de un escrutinio que desvela vulnerabilidades sistémicas: desde la calidad de su producción legislativa hasta la independencia de sus tribunales y la gestión de la disidencia social. La preocupación, palpable tanto en los despachos de Madrid como en los pasillos de Bruselas, exige una vigilancia activa para preservar la esencia de una democracia que se presume consolidada. Uno de los pilares más afectados es, sin duda, la calidad normativa y la seguridad jurídica. El 'Informe 2024 sobre calidad normativa en España' de la Fundación Hay Derecho no deja lugar a dudas, señalando un "deterioro legislativo" con "consecuencias institucionales" de calado. Esta evaluación es secundada por voces autorizadas como la de Aragón, quien advierte sobre la proliferación de "leyes de escasa calidad con merma de la seguridad jurídica que las prescripciones legales deben proporcionar". Esta inestabilidad en el marco legal no solo socava la confianza ciudadana, sino que introduce una peligrosa imprevisibilidad en el entramado institucional. La independencia judicial, piedra angular de cualquier sistema democrático, emerge como otro foco de profunda inquietud. El 'Informe sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea – Edición 2025' de la Comisión Europea, junto a las advertencias de la Civil Liberties Union, subraya la creciente politización de la justicia en España. Casos como la "condena del fiscal general" se citan como ejemplos paradigmáticos de esta tendencia. Asimismo, la aplicación de la Ley de Secretos Oficiales ha levantado interrogantes sobre la tutela judicial efectiva, especialmente en lo que concierne al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), limitando la transparencia y el control democrático. La supervisión europea ha colocado a España bajo un microscopio cada vez más potente. El Informe del Estado de Derecho 2024, presentado en Zaragoza, reveló que el país acumuló 20 nuevos casos de infracción del Derecho de la UE en 2023, sumándose a dos condenas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en 2022. Paralelamente, en el ámbito interno, la represión de la protesta ha experimentado un alarmante aumento del 66.7% en 2025, con la persistencia de la 'Ley Mordaza' como un símbolo de la restricción de derechos fundamentales. Ante este panorama, figuras como Lorenzo Cotino, presidente de la AEPD, claman por un enfoque que no solo señale lo incorrecto, sino que también "muestre cómo hacer las cosas bien", un imperativo para la regeneración democrática.