El juicio del 'caso mascarillas' arranca con el testimonio de la expareja de Ábalos, que detalla cómo el exministro y su entorno sufragaron su piso y le facilitaron un empleo público.
El 7 de abril de 2026, el Tribunal Supremo se convirtió en el epicentro de un nuevo capítulo en la crónica de la corrupción española. El 'caso mascarillas', lejos de ser una mera investigación de adjudicaciones irregulares, ha comenzado a desvelar una trama donde lo personal y lo político se entrelazan con una densidad asfixiante. En el banquillo, el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, observan cómo la madeja de sus relaciones se desenreda ante la justicia, prometiendo un escrutinio implacable sobre las sombras del poder.
La jornada inaugural estuvo marcada por el testimonio de Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, cuya comparecencia como testigo protegida iluminó la opacidad de los acuerdos. Rodríguez relató cómo Ábalos le sugirió una "casita de novios" en la Plaza de España, un inmueble de 3.000 euros mensuales cuyo alquiler, según ella, creía que sufragaba el exministro, quien se sentía "en deuda". Sin embargo, la realidad era otra: los pagos corrían a cargo de Luis Alberto Escolano, socio de Aldama, y posteriormente de Koldo García. La tensión se palpó en la sala cuando se leyó un mensaje de Rodríguez a Ábalos: "En esta mierda me has metido con el puto piso", una frase que encapsula la amargura de una relación instrumentalizada y la profunda implicación personal en la trama.
El rol de Koldo García, descrito por Rodríguez como la "sombra" constante de Ábalos, emerge como pieza clave en la articulación de esta red. No solo gestionó el pago de la matrícula universitaria de Jésica, sino que también la derivó a Escolano para cualquier problema con el piso, evidenciando su papel como engranaje financiero y logístico. Más allá de lo personal, el testimonio de Rodríguez reveló cómo Ábalos le recomendó enviar su currículum a INECO, una empresa pública, donde su contratación no siguió los trámites habituales, según confirmó una responsable de reclutamiento. Este patrón sugiere una preocupante permeabilidad entre los círculos íntimos del poder y las instituciones públicas, donde los favores personales se traducían en accesos privilegiados.
Mientras la trama personal se desgranaba, el juicio también reveló las estrategias de blindaje político. La autorización del Tribunal Supremo para que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro Ángel Víctor Torres declaren por escrito, evitando así la "foto" en la sala, subraya la preocupación del PSOE por minimizar el impacto mediático. En contraste, las defensas de los acusados se desplegaban con distintas actitudes: Koldo cabizbajo, Ábalos atento y Aldama relajado, este último colaborando con la Fiscalía Anticorrupción, lo que añade una capa de imprevisibilidad al desenlace. Las negaciones de Víctor Ábalos sobre la existencia de "prostitutas" y las justificaciones de Joseba García Izaguirre sobre sus viajes a Punta Cana completan un mosaico de testimonios que buscan desdibujar la magnitud de las acusaciones. Este proceso, que se extenderá hasta finales de abril, promete seguir desentrañando los hilos de una de las tramas de corrupción más complejas y mediáticas de la reciente historia española.
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